En el marco del Día Internacional en apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora cada 26 de junio, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a erradicar este tipo de prácticas que son graves violaciones a los derechos humanos y delitos que deben ser sancionados.
El organismo defensor indicó que durante 2020 documentó 47 expedientes relacionados con tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que condenó que esta práctica persista, pese a la prohibición absoluta en el marco legal nacional e internacional.
Detalló que la tortura es todo acto de autoridad que atenta contra la integridad física, psíquica y moral de una persona, además que se infrinja intencionadamente por medio de sufrimientos, dolores, penas o acciones que menoscaben la dignidad humana.
En este sentido, apuntó que dentro de las 47 investigaciones que inició el año pasado, 24 están relacionadas con tortura y 23 fueron por tratos crueles, inhumanos y degradantes, en este último rubro, las autoridades más señaladas son la Secretaría de Seguridad Pública con el 91 por ciento de las quejas y, en segundo lugar, los ayuntamientos.
Mientras que, respecto a las indagatorias por tortura, las autoridades más señaladas son la Secretaría de Seguridad Pública con el 45 por ciento de las quejas, seguido por los ayuntamientos con un 22 por ciento y la Fiscalía General del Estado con un 18 por ciento.
La Defensoría resaltó que la tortura destruye la personalidad de las víctimas y desprecia la dignidad intrínseca del ser humano, no obstante, la práctica continúa siendo recurrente especialmente entre los cuerpos de seguridad tanto a nivel municipal, estatal y federal, por ello es urgente que se realicen acciones que permitan erradicar esta violación a los derechos humanos en todas sus formas.
La DDHPO hizo un llamado al Estado para hacer frente a esta problemática, para ello es necesario hacer efectivo el respeto pleno a la dignidad de las personas, además de implementar en forma contundente lo marcado en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
E insistió en la urgencia de terminar con la impunidad que persiste en los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, para lo que es preciso que el Estado reconozca su responsabilidad e implemente un plan de restitución de derechos que permita a las víctimas acceder a justicia, verdad y reparación.
