Mario CASTELLANOS ALCAZAR
El uno de octubre del presente año, será la fecha cabalística- misteriosa, para conocer si procede o no, la consabida consulta ciudadana, que tiene la finalidad de enjuiciar o no, a cinco ex presidentes de México, por actos de corrupción, fraude, peculado o delitos de lesa humanidad.
Es la fecha esperada por todo México, unos en favor y otros en contra, de la solicitud enviada por Obrador, a través del Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su aprobación o desaprobación de la consulta ciudadana, sin embargo, se ha creado una cortina de humo, debido a que existe una gran especulación, confusión y escepticismo, porque al parecer, es ilógico e incongruente, que nada tiene que ver con la aplicación de la ley, si existen los cargos jurídicos, a los ex presidentes.
Es mucho rollo, mucha fantasía, que sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictamina improcedente, legalmente, la consulta ciudadana, quedrá, decir, ¿que los expresidentes mencionados quedarán exonerados?, a salvo de toda culpa, pero más bien, ¿cómo quedará el principio de autoridad del presidente López Obrador?, desde luego, que, por los suelos, y por supuesto, bajarán sus bonos- y los conservadores brincarán de gusto y los afines recurrirán a la mofa.
Es riesgoso y aventurado, que el mismo presidente haya enviado dicha solicitud de consulta ciudadana, por el solo hecho de querer ser el centro, o por su egocentrismo, por querer estar en todo, no obstante, estar confrontándose con todo mundo, sí bien, lo pudo haber hecho directamente el Congreso de la Unión o la misma ciudadanía, que están en su derecho, para tener campo de defensa, discusión, análisis- y no recibir en un momento dado el rechazo de la SCJN.
Como ya, está sucediendo con el proyecto de dictamen del ministro, Luis María Aguilar Morales, quien ya lanzó al público, su propuesta personal , de que la consulta ciudadana no procede porque es inconstitucional porque restringe los derechos humanos y afecta las garantías constitucionales para la protección de los juzgados, en este caso, los expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, presuntamente, acusados de peculado, uso indebido del servicio público, fraudes y robo a la nación mexicana, entre otros, que se configuren.
Con la respuesta del ministro de la SCJN, ya se inició la polémica; como siempre, el actor principal, es el presidente López Obrador, quien de inmediato contestó, que, Aguilar Morales, no tiene la última palabra, es su criterio, pero hace falta el veredicto final, que será el uno de octubre o unos días después, dependiendo de las discusiones y el criterio de los once magistrados, a quienes, ya les hizo un llamado, a la rectitud, a que no tengan miedo, a que no se detengan y que actúen conforme a la ley.
Más que todo, dijo Obrador: los ministros deben tomar en cuenta, los sentimientos de los mexicanos- se fue por lo sentimental y lo moral, que por supuesto no cuenta en la ley, ni en los procedimientos jurídicos, pero también advirtió, que la respuesta del ministro, Luis María Aguilar Morales, se parece a lo ya manifestado por el ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien también, señaló, que la consulta ciudadana no procede en lo legal- jurídico, por lo que el presidente dejó entrever, que Aguilar Morales es un conservador.
Además, Obrador, dice, “que aprobarse la consulta ciudadana, no afecta en nada, no se viola la ley, ni los derechos ciudadanos, las garantías individuales, debido a que los expresidentes serán juzgados conforme a derecho, todo, dentro del margen constitucional, con las garantías de su legítima defensa, por lo que no hay nada que temer”.
Esperemos, la respuesta final, cuyo resultado, va para bien o mal del gobierno federal, si la consulta ciudadana se aprueba, sus bonos y credibilidad crece- y si no, va para abajo, en tanto, es cuestionado por los mismos conservadores fifís, pero con el apoyo de la población de los de abajo, de los proletariados, es decir, de los pobres, o de los jodidos, que son más- y su palabra vale, porque es el pueblo.
Esto, en el supuesto, que los juristas, dicen, que los expresidentes pudieron ser juzgados e ir a la cárcel, sin necesidad de consulta ciudadana, sino, conforme a los cánones de la ley y el derecho- y para que tantas vueltas para llegar a nada, mientras tanto, el gobierno se desgasta y asimismo, la ciudadanía cae en un estado de escepticismo, que pone en el beneficio de la duda la aplicación de la ley.
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