Mario CASTELLANOS ALCAZAR
Pues bien, todo resultó un fiasco en el nombramiento que hizo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (PRI), de dos nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el 4 de mayo del presente año, mismos que fueron suspendidos por el Tribunal Colegiado.
El gobierno estatal actuó mal en el nombramiento de los nuevos magistrados: Moisés Molina Reyes y Abraham Isaac Soriano Reyes, pero errar, es de humanos- y aun puede interponer un recurso de queja, sino es que ya lo puso para rescatar jurídicamente dichos nombramientos y se haga realidad su mandato que le faculta la ley siempre y cuando tenga la razón.
De por sí, se trata de un repuesto de dos magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, sin embargo, existe en estos nombramientos cierta conspiración política, que se ve a leguas, el hecho de favorecer a los magistrados ya citados, ahora impugnados porque se trató de un procedimiento viciado a fines del gobierno en turno bajo la complicidad de la LXIV Legislatura del Estado, quien le correspondía elegir a los dos nuevos magistrados.
Viciado de origen, que poco abona a la institucionalidad, que parece violar la autonomía de los Poderes del Estado, pues de lo que se trata es mantener el amasiato entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ni para decir, que no, porque ya se está viendo claramente la finalidad de tener el control absoluto en manos del Ejecutivo.
Lo cierto es que en pleno proceso electoral y en la víspera de las elecciones del 6 de junio del año 2021 o bien, en el parteaguas de la elección del nuevo gobernador de Oaxaca, que sustituirá al que está en turno, para el año 2022, se inicia un reacomodo en los Poderes del Estado, principalmente en el Judicial para favorecer o limitar, bien, al gobierno saliente o al que viene.
Entonces en el Poder Judicial hay que dejar a magistrados a fines para ser manipulados de acuerdo a los vaivenes de la política oaxaqueña, pero también, en el Poder Legislativo ya se inició la jugada política perversa, nada menos, que los diputados morenistas propusieron una iniciativa de la Reforma Electoral para que en el año 2022 se elija a un gobernador de dos años y no de seis, con el argumento de homologar la elección del gobierno estatal con el gobierno federal.
Desde luego que ya empezaron las marrullerías, pues de aprobarse dicha reforma electoral, del año 2022 al 2024 habrá un gobernador de dos años- y en el 2024 habrá una nueva elección para elegir a un gobernador de seis años, junto con la elección del presidente de México, que sustituirá a Andrés Manuel López Obrador,
En esta dinámica andan metidos los dos magistrados: Moisés Molina Reyes y Abraham Isaac Soriano Reyes, suspendidos por mandatos de ley, alfiles del gobierno en turno, que, por supuesto fueron rechazados por el Tribunal Colegiado, a través de un juicio de amparo interpuesto por participantes en el proceso de selección de dichos magistrados, entre estas, Erika María Rodríguez, por tratarse de un procedimiento muy viciado, sucio- y por supuesto imperó la corrupción por encima de la democracia.
Moisés y Abraham no reúnen las condiciones técnicas ni profesionales- lo dijo el Congreso del Estado, además, de que Moisés está implicado en un presunto delito de acoso sexual y ser cómplice en la desaparición del abogado Rene Alejandro Cruz, esto en el año 2017, por lo cual estos fueron desechados en el procedimiento de la elección que realizó la LXIV Legislatura del Estado, pese a que iban palomeados por el Ejecutivo.
La terna que fue aprobada por el Poder Legislativo el 20 de abril del año 2021, fue en favor de Erika María Rodríguez y Alejandro Magno, como los dos nuevos magistrados avalados con todo el derecho que le faculta al Congreso del Estado, sin embargo, se vino la rebatinga entre el Ejecutivo y el Legislativo porque no aparecían los palomeados del gobierno estatal: Moisés Molina Reyes y Abraham Soriano Reyes
Se rompieron las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, o bien, llegaron a un acuerdo “decoroso” para que el Congreso del Estado ya no convocara a la sesión extraordinaria para hacer oficial el nombramiento de los dos magistrados electos por los diputados. Y cuando esto sucede, le dejan la cancha abierta al Gobierno del Estado para que de acuerdo con sus facultades, nombre a los magistrados que él quiera.
Cierto es, que fue una jugada chueca. Los legisladores, una vez más caen en los vaivenes del Poder Ejecutivo, burlando su representación legislativa, en contra de los intereses de la ciudadanía, manchando a la vez, al Poder Judicial, de una imposición que ha quedado en evidencia y al mejor postor. La justicia pisoteada por las ínfulas del poder.
A menos que el Poder Judicial haga valer su autonomía y aplique la ley por encima de las presiones o intereses comodines de los políticos que se valen de todo para escalar al escaño de la corrupción. La justicia está siendo amagada.
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