Mario CASTELLANOS ALCAZAR
Sin duda, que el reto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es pacificar a Oaxaca, ante los graves problemas y demandas ancestrales para evitar mayor violencia, que tiende, a romper el tejido social, pero no, la gobernabilidad.
Por cierto, el Secretario General del Gobierno del Estado de Oaxaca, Francisco García López, dice, que el hecho de que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, atienda y vaya al lugar de algunos conflictos para la solución de los mismos, no es ingobernabilidad, sino todo lo contrario, se afianza la gobernabilidad.
Cierto es que, para el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación de México, la 4T, su prioridad es lograr la pacificación del país, con brotes de violencia generalizada, incluyendo a Oaxaca, en casos aislados, pues de no hacerlo, no tendrá eco el sentido de su gobierno, como el mismo ya lo reconoció.
Oaxaca, es el punto medular, más bien, el meollo, de la política obradorista. Es el parámetro del avance o retroceso de la 4T, toda vez, que esta entidad había sido rezagada por la federación, por lo que enfrenta un cúmulo de contrastes, que se inclinan en la pobreza, marginación y sumergida en el caciquismo, que hasta hoy ha repercutido en la inseguridad y la violencia.
Graves problemas ancestrales como los latentes en la Sierra Sur de Oaxaca, la región de los triquis, la costa, el Istmo de Tehuantepec, en San Juan Mazatlán, Mixes y San Mateo del Mar, bañados de violencia, son el cuello de botella ante las desigualdades sociales.
Pese a todo, el Gobierno Estatal ha dado sus mejores esfuerzos para apagar las llamas de violencia en etas regiones en donde los grupos antagónicos se disputan el poder, como en el caso más reciente de San Juan Mazatlán Mixes, en donde, el presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez, ha sembrado el caciquismo más férreo, que ha provocado la división entre la cabecera y sus agencias.
En este caso, el Secretario General del Gobierno del Estado, Francisco García López, ha dado su mayor esfuerzo a través del diálogo y la concertación, evitando el uso de las fuerzas policiacas para no etiquetar al Estado, como represor, asimismo, procura la estabilidad con la integración de mesas de trabajo y solución de los conflictos.
Es en San Juan Mazatlán Mixes, en donde sus agencias han tenido la misma respuesta de rechazo ante la falta de solución a sus demandas, que corresponde solventar directamente al presidente municipal, Eleuterio Jiménez.
Entre las demandas exigen la entrega de 10 millones de pesos para obras y servicios de la población, el suministro del presupuesto del ramo 28 y 33 y la construcción de viviendas afectadas por los sismos, así, como el cese a la represión y persecución a los habitantes que no comulgan con el caciquismo de esta autoridad.
Los inconformes llevan una semana de tener bloqueada la carretera federal en el Istmo de Tehuantepec a la altura de Boca del Monte en demanda de sus peticiones, sin que el citado presidente municipal se presente a la cita de la Secretaría General del Gobierno del Estado para entablar una mesa de diálogo y solución de las demandas, únicamente envía en su representación a su síndico, quien no tiene facultades para determinar una respuesta.
Francisco García López, en representación del gobierno estatal está agotando las instancias ante la situación que se agrava, luego de que los manifestantes, violentamente, han retenido y esposado a la diputada priista, Yarith Tannos Cruz, quien, a su paso a Tuxtepec, intentó dialogar con los rijosos que mantenían tomada la carretera transístmica.
Y bien, está, que el Gobierno Estatal, ha pedido a la LXIV Legislatura del Estado, se investigue al presidente municipal de San Juan Mazatlán, ante su negativa de dar la cara para solucionar los problemas de sus agencias y lo referente a la retención de la diputada priista, y de proceder, se llegue al desconocimiento de dicha autoridad o la desaparición de los poderes municipales.
Cierto es, que el munícipe, Eleuterio Jiménez, rebasó los límites de tolerancia, además, que no es la primera vez, que sus representados bloquean la carretera por falta de solución a sus demandas. Ya lo hicieron en febrero del presente año con un bloqueo que duró 12 días, con graves repercusiones a la economía regional y estatal.
Se obstaculiza el paso al Istmo de Tehuantepec, Tuxtepec y el Estado de Veracruz, además, de exigir cuotas desde los 800 a 2 mil pesos a los conductores de vehículos y de los carros de carga de mercancías-
Ahora bien, en el caso de los 200 habitantes de Tierra Blanca, región triqui, que militan en el Movimiento Unificador de la Lucha Triqui Independiente (MULTI), que fueron desplazados por actos de violencia en su contra, el Gobierno Estatal y el Federal ya aceptaron su retorno a su lugar de origen, resguardados por la Guardia Nacional y Policía Estatal.
Los desplazados ya fueron encaminados a Tierra Blanca, pero resulta, que, en el camino, otra organización: Movimiento Unificador de la Lucha Trique (MULT) y la diputada federal de MORENA, Beatriz Pérez López, les bloquearon su paso, según, porque no hay condiciones y porque no quieren la presencia de la Guardia Nacional. Son dos organizaciones antagónicas de los mismos triques que se disputan el poder.
El mismo presidente López Obrador ya tiene conocimiento de estos problemas, así, como el de la Sierra Sur, en el caso de Textitlán, por lo que ya es urgente se agilicen los acuerdos de paz entre las partes en pugna, a veces por problemas agrarios, en este último caso.
Cierto es que en la entidad oaxaqueña hay algunos brotes de inestabilidad, como en el caso de San Mateo del Mar, en donde se dio una masacre de 17 lugareños el 21 de junio del 2020 por cuestiones políticas, en otros casos de la Sierra Sur, es el mismo gobernador, Alejandro Murat, quien va a los lugares del conflicto, pero esto, no quiere decir ingobernabilidad, sino por lo contrario se afianza la gobernabilidad.
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