Mario CASTELLANOS ALCAZAR.
La suspensión judicial de la Ley de la Industria Eléctrica, causó un choque de trenes entre el Poder Ejecutivo y el Judicial- y nuevamente, se pone en entredicho la autonomía de éstos, del amago del Gobierno Federal y la defensa de las garantías constitucionales, algunas veces torcidas por el aparato judicial.
La Ley Eléctrica aprobada por el Senado de la República el 3 de marzo del presente año es la manzana de la discordia, bien vista, por los seguidores de la Cuarta Transformación de México, la 4T, mal, para los conservadores, que se escudan en la violación de los derechos constitucionales, y lo más recurrente, que, se está violando la autonomía del Poder Judicial de corte neoliberal y de principios conservadores.
A decir, de los jueces y ministros, la Ley de la Industria Eléctrica es anticonstitucional, por lo que a partir de su aprobación y dada a conocer el 9 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, los juicios de amparo no se hicieron esperar y en consecuencia ya van más de 35 suspensiones en favor de empresas y compañías privadas, que se han dedicado a saquear el erario público en contratos leoninos para la generación de energía eléctrica bajo notables signos de corrupción.
Los opositores a dicha Ley, más que todo, las empresas privadas, que usufructúan la energía eléctrica de los mexicanos, respaldados por los ex presidentes, Carlos Salinas de Gortari (PRI), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), están haciendo lo imposible para seguir con sus prerrogativas en contra de la economía mexicana, la autonomía del sector energético, la soberanía y la rectoría del Estado en el manejo, producción y operación de la electricidad y el petróleo de los mexicanos.
Por esta parte no se concibe, que la producción de los bienes y servicios nacionales estén en manos de monopolios privados para bien de pocos, de los gobiernos corruptos neoliberales, que se prestan a negociar la riqueza natural de los mexicanos, trastocando los principios rectores y la nacionalización de los bienes de la producción que solo corresponde a los connacionales.
Por otra parte, se estigmatiza al gobierno de la Cuarta Transformación de México, la 4T, Andrés Manuel López Obrador, de ser un gobernante impulsivo y dictador, que quiere todo a su modo, y, por consiguiente, sino gana arrebata- y se pone en contra del Poder Judicial, violando la autonomía entre los Poderes del Estado, violando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, según lo manifiestan los conservadores.
Es la lucha por el poder político, por eso, el presidente y los conservadores han entablado una guerra, más política, que jurídica- y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, hasta una reforma constitucional para eliminar el derecho al amparo judicial con el fin de evitar, que la Ley de la Industria Eléctrica se paralice y quede sin efecto.
El juicio de amparo quedaría vetado en los casos de la defensa de los intereses nacionales y principalmente para el ejercicio de la soberanía e independencia de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) y Petróleos Mexicanos, asimismo, para eliminar los salarios suntuosos de los funcionarios públicos y magistrados, cuyas atribuciones y facultades quedarían solo en las manos del presidente de México y no del Poder Judicial.
Entonces, ya, el presidente Obrador, se les fue encima a los jueces, principalmente a Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito, quien fue el primero en suspender la referida Ley Eléctrica por considerarla anticonstitucional en contra de los derechos de la libre competencia en la producción de los energéticos, pero también, atenta contra la salud y un ambiente limpio.
Esto bastó para que el Gobierno Federal enviara una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar para que investigará al referido juez sancionador de la Ley Eléctrica, primero, para ver la prontitud con la que accionó en favor de los conservadores y las empresas particulares, entre estas, la Iberdrola, así, como en contubernio con los intereses de los expresidentes Salinas de Gortari, Felipe Calderón y el Ministro en Retiro José Ramón Cossio.
Se trata de un caso muy escabroso que raya más en lo político electoral que en lo jurídico, en el que, el pandero lo tiene el presidente Obrador- y como consecuencia, advierte que si el Poder Judicial da marcha atrás a su Ley Eléctrica, propondrá al Congreso de la Unión, más pronto que tarde, una iniciativa constitucional para borrar el amparo en casos donde solo el presidente tenga que decidir, tales como la defensa de la soberanía y la rectoría del Estado en la CFE y Pemex, también, para fijar los salarios de los funcionarios y magistrados, pues nadie puede ganar más que el Ejecutivo Federal.
En fin, la Ley de la Industria Eléctrica es buena en cuanto a evitar la corrupción y el saqueo de los recursos naturales, bienes y servicios de las generadoras de energéticos, es decir, las privatizaciones, que ya son un negocio desmesurado para los saqueadores de la nación mexicana,
Solo que habría, que regular dichas acciones en materia jurídica sin trastocar la autonomía de los Poderes del Estado, ni violar los derechos de la libre asociación de las inversiones públicas y privadas, para lo cual, se tienen que hacer meticulosas reformas constitucionales, respetando el derecho de los mexicanos y el contrapeso del Poder Judicial y Legislativo para frenar los abusos presidenciales.
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