La corrupción no solo es una mala práctica que afecta económicamente a las personas y a los Estados, sino que, además, atenta contra los derechos humanos en lo individual y en lo colectivo, advirtió el ombudsperson oaxaqueño, Bernardo Rodríguez Alamilla.
En su videocolumna “Puntos Cardinales”, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca analizó el fenómeno que sostuvo, reduce los recursos disponibles para la progresiva realización de los derechos humanos.
Ante ello, recalcó que el combate a la corrupción requiere establecer medidas de protección integrales y eficaces para las y los periodistas, así como para quienes investigan y dan a conocer este tipo de actos, como una estrategia para incentivar la denuncia, lo que a su vez permitirá disminuir esta anomalía.
De igual forma, resaltó que es importante que las diferentes instituciones de procuración y administración de justicia resuelvan eficazmente los expedientes abiertos por actos de corrupción y con ello, generar un clima que inhiba la impunidad hacia estos actos.
Reiteró la importancia de fortalecer las instituciones que forman parte del sistema anticorrupción, el cual, aunque es relativamente nuevo, apuntó, necesita ser evaluado y en caso necesario, ser repensando.
Rodríguez Alamilla refirió que, de acuerdo con el informe de Transparencia Internacional, así como de instituciones como la Secretaría de la Función Pública, la corrupción impacta entre un cinco y 10 por ciento al Producto Interno Bruto; es decir que, entre 5 y 10 pesos de cada 100 que produce nuestra economía, terminan en algún asunto de corrupción.
Puntualizó que la corrupción genera sociedades más desiguales, pues se ha observado que estas prácticas afectan en mayor medida a grupos históricamente vulnerables, por ejemplo, niñas, niños, y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres o personas en situación de reclusión.
El defensor de los Derechos Humanos explicó que la corrupción socava la confianza de la sociedad en las instituciones, provocando un círculo vicioso que fomenta este tipo de prácticas.
Precisó que este fenómeno no tiene una manifestación única, sino que se realiza a través de diversas formas, por ejemplo: puede existir la solicitud de soborno por parte de alguna persona servidora pública como requisito para brindar acceso a algún derecho o servicio, o bien para que éstos no se otorguen.
Los desvíos de recursos son otra manifestación de la corrupción, incluso es corrupción cuando el Estado implementa acciones de política pública que atentan contra el bien común y benefician solo a particulares específicos.
El ombudsperson reiteró que la corrupción atenta contra los derechos humanos, por ello debe ser combatida, pero para poder hacerlo adecuadamente es necesario contar con datos oficiales que permitan entender la magnitud del problema.
Agregó que contrarrestar la corrupción implica realizar acciones específicas y medibles, para lo cual se requieren indicadores de avances y resultados de las acciones, ya que “aquello que no se mide, no se puede mejorar”.
Rodríguez Alamilla resaltó la importancia de colocar dentro de la agenda pública y la toma de decisiones, a las víctimas de este problema, ya que, desde el enfoque de derechos humanos, aquellas políticas públicas que no toman en cuenta a las víctimas están destinadas al fracaso.
Y señaló que las políticas públicas deben ser planteadas y aplicadas desde un enfoque integral y diferenciado, pues, aunque la corrupción afecta a todas las personas, los impactos no son iguales, ya que hay sectores sociales que reciben mayores afectaciones.
La videocolumna “Puntos Cardinales” es un espacio de reflexión y análisis en materia de derechos humanos, a través de la cual se abre la conversación sobre temas de interés colectivo, que se transmite cada domingo a través de las redes sociales del defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y de la propia Defensoría.
