Domingo 27 de septiembre de 2020.
En el Caso Ayotzinapa, los pactos de impunidad obstaculizan el camino hacia la verdad y la justicia. Más allá del discurso demagógico, hay un aparato de estado que borra las huellas del crimen.
Ayer se cumplieron seis años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, México. Es un crimen de estado, un delito de lesa humanidad, una herida abierta que lastima a los seres más queridos de los normalistas desaparecidos, de las personas asesinadas y de los heridos aquella fatídica noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
La sistemática violación a Derechos Humanos que se vive en México no es un hecho aislado, es una acción sostenida y mantenida en el tiempo, diseñada e implementada desde las más altas esferas del poder con objetivos específicos.
No es la primera vez que se ataca impune y salvajemente a los estudiantes en México, precisamente, los estudiantes normalistas, los futuros profesores asesinados y desaparecidos, se preparaban para asistir a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México, masacre perpetrada el 02 de octubre de 1968 por elementos del Ejército Mexicano. Tres años después, el 10 de junio de 1971, el ataque brutal conocido como “El Halconazo”, es también una afrenta más en la memoria.
En México, los presidentes llegan al poder pasando por acuerdos con los representantes de los grandes intereses económicos, la mayoría de las veces estos intereses trascienden nuestras fronteras. En ese marco, la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, el Pacto Por México, tenían como cometido impulsar las grandes reformas económicas que permitieran al sistema seguir teniendo ganancias y adelgazar cada vez más los derechos de los mexicanos. La Reforma Educativa era una de ellas.
Para implementar la Reforma Educativa, el gobierno peñista había encontrado serias resistencias en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE; en los jóvenes normalistas y en el pueblo organizado a nivel general. Principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.
En ese marco, las campañas de desprestigio y satanización, la persecución judicial y política, acompañadas de los ataques del aparato policíaco, militar y paramilitar contra el movimiento magisterial, estudiantil y popular, pavimentaban el camino para acciones de mayor calado que no encontraran contrapesos en la sociedad mexicana.
El movimiento popular mexicano tiene una metodología muy fácil de predecir, de tal manera que es fácil diseñar una campaña de ataques permanentes. Por otro lado, con la macro impunidad que caracteriza al sistema político y policial en México, quisieron aparentar que unos hechos en los que se involucraba toda una estrategia de disuasión popular, pasasen como hechos del orden común y ordinario en un Estado permeado por el crimen organizado.
La construcción posterior de la “Verdad Histórica”, obedecía al diseño original del plan, pero sobre todo, a la visibilización de estos hechos, logrado a nivel nacional e internacional por los padres, madres, compañeros, organizaciones y pueblo en general de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El actual discurso de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, tiene mucho cuidado de no señalar e investigar directamente a la administración de Enrique Peña Nieto y anteriores como responsables de este y un sin número de violaciones a Derechos Humanos. Convirtiéndose en cómplices y responsables de delitos de lesa humanidad, delitos que se siguen perpetrando a lo largo y ancho de la República.
El viejo poder del Ejército Mexicano, la impunidad con que opera, sus probadas relaciones con el crimen organizado y las nuevas concesiones otorgadas en la presente administración son clara muestra de las resistencias que encuentra la sociedad en su búsqueda permanente de justicia. Por eso no se señala a los mandos superiores en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La estrategia que se siga en la búsqueda de justicia, verdad, reparación, castigo a los culpables y no repetición no debe ser un acto de buena voluntad, ni declaración de buenas intenciones, sino, el estricto cumplimiento de lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y convenios internacionales.
Sí que existen pactos de impunidad, existe también la vieja resistencia burocrática para cumplir con las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales e incluso las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hay también una estrategia de guerra permanente contra líderes y organizaciones populares en particular y el pueblo en general porque nos oponemos a los mega proyectos de carácter transnacional en el estado de Guerrero, en el Istmo de Tehuantepec, en todo México. Y porque reclamamos una vida digna.
No se ha cambiado la vieja estrategia de criminalización y satanización de la protesta social. Persisten el subdesarrollo cultural y educativo que dificulta el conocimiento de los derechos y la exigencia del cumplimiento de dichos derechos.
En estos momentos, en que los políticos están centrados en las campañas electorales y el futurismo político, hace falta seguir implementando mecanismo de unidad y visibilización de las necesidades y demandas populares.
Por un verdadero alto a la impunidad que nos permita conocer la verdad, aplicar la justicia, la reparación y evitar la repetición:
¡Alto a la represión en México!
