Benito Lozano Martínez, víctima de la imprudencia y falta de pericia de un chofer de la empresa transportadora Líneas Unidas, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGEO), reabrir su caso y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), apoyo ante su condición física.
A dos años del fatal accidente en donde el joven de 32 años quedó parapléjico y ciego del ojo derecho, la justicia y la indemnización por estos hechos que lo mantiene postrado en una silla de ruedas aún no llega.
Por el contrario, sólo ha recibido amenazas de muerte de una persona que se identificó como el dueño de la transportadora “ya no le muevan más al caso”, les dijo el hombre.
El caso de este joven, fue nuevamente denunciado debido a una serie de inconsistencias en las investigaciones y anomalías por parte de Líneas Unidas y la aseguradora Quálitas.
Después de su accidente el pasado 17 de septiembre del 2018, esta última empresa informó que sólo cubriría 100 mil pesos de las curaciones del originario de la región del Istmo de Tehuantepec pero radicado en Santa María Tonameca.
“Nos dijeron que el monto de la póliza no cubría más gastos”, expuso la victima quien gracias a presiones de sus amigos y cercanos logró que la aseguradora pagará la cirugía en su espalda que le había generado una ulcera.
Sin embargo, requiere de poco más de 200 mil pesos mensuales para poder cambiar sondas y cubrir otros gastos debido a que quedó parapléjico y ya no puede mantenerse por sí solo.
Las inconsistencias en el caso, la omisión de los Ministerios Públicos y la Fiscalía General provocaron que, en esta situación, como en algunas otras, sólo se abriera la carpeta de investigación 9604/2018, que fue llevada de una a otra delegación.
Además de los maltratos del médico legista quien no certificó el estado de salud de Benito y tan poco el Hospital San Lucas, quien sólo le dio el diagnostico de palabra, por lo que es imposible atenderse en un nosocomio público.
Debido a este calvario, el joven ha solicitado la ayuda de la presidenta del DIF Estatal Ivette Morán de Murat para apoyarlo en sus gastos diarios y a la FGEO para reabrir su caso.
