Mario CASTELLANOS ALCAZAR
La orden del Gobierno de México es el regreso a clases presenciales de más de 30 millones de estudiantes, desde educación básica hasta superior, tiene fines políticos, sin tomar en cuenta el alto riesgo de contagio del COVID- 19 a las nuevas generaciones.
La disposición del Gobierno Federal no tiene sustento profesional, ni científico. No toma en cuenta al Consejo Nacional de Salud, ni a la Secretaría de Educación Pública- y menos, a la Organización Mundial de la Salud. Su palabra es la única: “No hay justificación para no regresar a clases presenciales el 30 de agosto del presente año en el inicio del ciclo escolar 2021- 2022”
De tal manera que, para esta fecha, los 30 millones de estudiantes regresarán a clases presenciales, pero no es la única determinación. Se tiene que tomar en cuenta lo que digan los padres de familia, los maestros, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación (SNTE), los gobiernos estatales, la Secretaría de Salud, la Coordinadora Nacional de Maestros (CNTE) y la sugerencia de los organismos internacionales de salud.
Es, que no existen las condiciones sanitarias ante la pandemia del COVID- 19, que va en aumento en su tercera ola con un incremento de los contagios en la República Mexicana con la aparición de las nuevas variantes de la pandemia, que ataca con mayor intensidad a los jóvenes y adolescentes sin descartar a la niñez.
Los niños no están a salvo del contagio del padecimiento, ni son intocables al COVID 19. Es una aventura el regreso a clases presenciales. Un experimento político a costa de la vida de los escolares, aunque los maestros ya estén vacunados, la población inmunizada no rebasa al 40 por ciento- y un gran porcentaje con una sola dosis.
Pese, a que no existen las condiciones para el retorno presencial de los alumnos, al gobierno ya le urge el regreso a las aulas, en medio de una gran confusión, escepticismo y rechazo del magisterio, sobre todo de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha determinado no regresar a las clases presenciales, además porque las escuelas no tienen las condiciones sanitarias, muchas sin agua, drenaje y otros servicios para prevenir el contagio del virus.
Desde luego que las clases a distancia se iniciaron en el ciclo escolar 2020- 2021, hasta la fecha, a través del internet, medios digitales, televisoras, celulares y computadoras, con bajos índices de aprovechamiento y cumplimiento de los planes y programas de estudio, que afecta la preparación de 30 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel superior, pues no es lo mismo, que estar recibiendo clases presenciales.
La suspensión de las clases presenciales se dio por decreto presidencial del 23 de marzo al 17 de abril del año 2020 para proteger la salud de los escolares- y por supuesto- evitar el contagio masivo en este sector de la población, sin embargo, se prolongó, por el incremento de la pandemia.
El costo social, político y económico es de mayor magnitud; al problema de la educación de los mexicanos se suma la prioridad del gobierno en la reactivación económica y la pacificación del país, ante el aumento de la violencia, que deja un promedio de 100 homicidios diarios, y también, está en puerta la consulta ciudadana para someter a juicio político a los cinco últimos expresidentes de México.
Todo esto hace más complejo el problema de la educación de las nuevas generaciones- 30 millones de estudiantes, que están siendo afectados en su aprendizaje, ya que el programa de estudios a distancia no es la solución, tampoco el regreso a las aulas, porque primero está la vida de los escolares.
Pese al costo económico de los programas educativos, virtuales: “Aprende en Casa”, que es del orden de los 450 millones de pesos, que el Gobierno Federal pagó a 4 televisoras para trasmitir los programas de estudios a los alumnos de los diferentes niveles educativos, del 24 de agosto al 18 de diciembre del año 2020.
En sí, la educación, en México, no ha tenido el mejor destino, ni la atención del Gobierno Federal, ante la falta de presupuesto para mejorar la calidad de la enseñanza- y la ausencia de una reforma educativa académica integral, pues todo lo que ha hecho el gobierno es para complacer y mantener bajo control al magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Fines políticos. Más no una reforma estructural del plan y programa de estudios.
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